Canciller Blum participó en el encuentro sobre la Contribución Nacionalmente Determinada de Colombia (NDC) bajo el Acuerdo de París

Colombia se ha caracterizado por ser un actor comprometido con la conservación ambiental y con la acción climática global. Con esta idea, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, inició su intervención en el evento mundial que reunió a ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, directores de corporaciones autónomas regionales, delegados del sector empresarial y representantes de la sociedad civil.

“El Gobierno del presidente Iván Duque ha impulsado, desde el primer día, acciones decididas para conservar produciendo, y producir conservando; que nos permitan proteger el capital natural para las presentes y futuras generaciones”, señaló la jefe diplomática.

Con esta apuesta, nuestro país se comprometió a reducir en un 51% las emisiones de gases de invernadero frente a las proyectadas para el 2030 e incorpora nuevas sustancias y medidas de reducción de emisiones. Esta contribución de Colombia fue comunicada el pasado 30 de diciembre a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

“La NDC que hoy les presentamos refleja un claro aumento de la ambición frente a las metas planteadas por nuestro país en 2015. Es una contribución que se basa en las reglas y principios del Acuerdo de París y utiliza la mejor información científica disponible. Así mismo, está en línea con el objetivo nacional de alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050”, explicó la ministra.

La líder de la cartera de Relaciones Exteriores aseguró que “nuestro compromiso relativo a la NDC presenta por primera vez una Comunicación de Adaptación. Esta refuerza las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e incluye un amplio portafolio de medidas para reducir nuestra vulnerabilidad y mejorar la gestión ante el riesgo de desastres”.

Por otro lado, respecto a los medios de implementación, la canciller indicó que el Gobierno trabaja de manera intersectorial para examinar y estimar cada vez con mayor precisión los costos de las medidas de mitigación y de adaptación. Esto con el fin de generar una hoja de ruta que garantice los recursos y herramientas necesarios, con el apoyo del sector privado y la mayor cantidad de actores posibles de la sociedad civil.

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