El representante a la Cámara por Antioquia y primer vicepresidente de la corporación, Simón Molina, respaldó el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de crear un Protocolo Nacional de Actuación frente a las manifestaciones. La propuesta busca diferenciar con claridad la protesta pacífica de los hechos de violencia, vandalismo o alteraciones del orden público.

“Protestar pacíficamente es un derecho y debe tener todas las garantías. Pero destruir, atacar a la Policía, bloquear servicios esenciales o usar un campus para preparar violencia no es protesta. Ahí tiene que actuar el Estado”, afirmó Molina. El congresista señaló que este principio coincide con el proyecto de ley estatutaria que viene impulsando: diálogo primero, protección para quien marcha en paz, individualización del violento y actuación de la autoridad cuando existan hechos graves.

“La autonomía universitaria no puede convertirse en patente de impunidad. La universidad es para estudiar, debatir y protestar pacíficamente, no para delinquir”, agregó. Molina sostuvo que ahora el reto del Congreso es convertir estos principios en reglas permanentes. “No se trata de criminalizar la protesta, sino de acabar con la zona gris que aprovechan los violentos. Protesta sí; vandalismo no”, concluyó.

“El Presidente está poniendo un principio claro sobre la mesa y ahora al Congreso le corresponde convertirlo en reglas permanentes, equilibradas y constitucionales. Ni criminalizar la protesta ni tolerar el vandalismo. Protesta sí; violencia e impunidad, no”, concluyó.