El Gobierno Nacional acompañó la radicación de la ponencia del proyecto de ley por los Representantes a la Cámara Alfredo Mondragón y Karen López para regular el contrato y el jornal agrario, una iniciativa que busca transformar históricamente las relaciones laborales en el campo colombiano y avanzar en una de las banderas políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro: la dignificación del trabajo rural y la justicia social para el campesinado.

La propuesta radicada representa uno de los capítulos más importantes de la agenda social impulsada por el Gobierno Nacional para reducir las brechas entre el campo y la ciudad, combatir la precarización laboral y ampliar el acceso a derechos para millones de trabajadores y trabajadoras rurales históricamente excluidos de la protección laboral y de seguridad social.

Actualmente, el sector agropecuario ocupa a cerca de 3,4 millones de personas, equivalentes al 14,4% de la fuerza laboral del país.

Sin embargo, la informalidad alcanza el 83,1%, según cifras del DANE, mientras que organismos como la CEPAL han advertido sobre la baja afiliación a pensiones y sistemas de protección social, especialmente en mujeres y jóvenes rurales.

“Esta es una reforma profundamente social y democrática para el campo colombiano. Durante décadas el campesinado sostuvo la economía agrícola del país en medio de la informalidad y la exclusión.

Hoy estamos avanzando hacia un modelo que reconoce derechos, garantiza protección social y dignifica la vida de quienes trabajan la tierra. Este Gobierno está cumpliendo su compromiso de poner la justicia social en el centro de las políticas públicas”, afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

El proyecto crea el contrato agropecuario para quienes desarrollan actividades de producción y transformación agraria primaria de carácter estacional o transitorio, estableciendo garantías especiales acordes con la realidad productiva del campo colombiano.

Entre las disposiciones contempladas se encuentran el descanso semanal remunerado, el pago de recargos nocturnos y suplementarios, pausas para alimentación e hidratación, medidas de protección frente a condiciones climáticas y el reconocimiento del tiempo de disponibilidad como parte de la jornada laboral remunerada.

La iniciativa también regula el jornal agropecuario, el cual deberá incluir tanto el pago ordinario diario como el componente prestacional y legal correspondiente, garantizando ingresos no inferiores al salario mínimo vital vigente más un factor prestacional mínimo del 30%.

Asimismo, el articulado prohíbe la tercerización e intermediación laboral para el suministro de mano de obra agropecuaria y habilita mecanismos de cotización a seguridad social por días o semanas, buscando adaptar la protección laboral a las dinámicas estacionales del sector rural.Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que la formalización laboral no afectará la clasificación en el Sisbén ni limitará el acceso a programas sociales, subsidios o transferencias estatales, evitando que miles de trabajadores rurales deban escoger entre acceder a derechos laborales o mantener apoyos sociales.

El proyecto también ordena a las cajas de compensación familiar ampliar la cobertura de servicios de bienestar, educación, recreación y subsidios para las comunidades trabajadoras del campo.Con la radicación de esta ponencia ante el Congreso de la República, se busca consolidar una de las reformas sociales más ambiciosas para el sector rural colombiano, en línea con su apuesta política de fortalecer el trabajo digno, reducir la desigualdad y avanzar hacia una transformación estructural del campo colombiano.