Su profunda preocupación y enérgico rechazo frente a las recientes declaraciones y actuaciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, quien en su condición de Jefe de Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares ha incurrido en señalamientos públicos, generalizaciones y reproches contra la institución militar sin que medien pruebas conocidas ni los procedimientos institucionales correspondientes.

Estas conductas no solo resultan impropias del más alto cargo del Estado, sino que afectan de manera directa la legitimidad, la moral y la cohesión de una institución fundamental para la estabilidad de la Nación.

El Ejército Nacional no es un actor político ni un instrumento de controversia pública. Es una institución permanente del Estado, construida sobre el honor, el sacrificio y el cumplimiento del deber de miles de hombres y mujeres que han servido a Colombia en las condiciones más difíciles. Por ello, resulta inaceptable que desde la más alta magistratura se emitan acusaciones o insinuaciones que comprometen
la integridad de sus miembros sin el debido respaldo probatorio ni el trámite ante las autoridades competentes.

La denuncia sin sustento no fortalece la justicia ni combate la corrupción; por el contrario, debilita la institucionalidad y erosiona la confianza ciudadana.

El Presidente de la República, en su calidad de Comandante en Jefe, tiene una responsabilidad clara e indelegable: o presenta las pruebas ante las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes para que se adelanten las investigaciones de rigor, o se abstiene de emitir juicios que afectan el honor y la dignidad de la institución militar. No es aceptable un camino intermedio basado en declaraciones públicas, insinuaciones o presiones mediáticas.

La conducción de la seguridad nacional exige rigor, prudencia y respeto por el debido proceso, no improvisación ni exposición innecesaria de la cadena de mando. Adicionalmente, la reprensión pública de altos mandos militares en escenariosabiertos, como recientemente ocurrió, constituye una práctica contraria a los principios básicos de la relación civil-militar. Las diferencias, orientaciones o llamados de atención deben tramitarse en los canales institucionales correspondientes, preservando la dignidad del mando y la cohesión interna de la Fuerza.

Exponer a los comandantes frente a la opinión pública no solo debilita su autoridad, sino que envía señales equivocadas tanto al interior de la institución como a los actores que amenazan la seguridad del país.

En medio de la compleja situación de orden público que enfrenta Colombia,resulta aún más preocupante que se pretenda desviar la atención de los problemas estructurales mediante la generación de controversias públicas que afectan a la Fuerza Pública. El país requiere liderazgo responsable, unidad institucional y decisiones estratégicas orientadas a enfrentar las amenazas reales, no la construcción de narrativas que deterioran la moral del Ejército y siembran desconfianza en la ciudadanía.

El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional hace un llamado respetuoso pero firme al señor Presidente de la República para que actúe con la responsabilidad que exige su investidura, respete la institucionalidad militar, garantice el debido proceso y se abstenga de continuar con señalamientos sin sustento.

La dignidad de quienes ocupan cargos de mando, así como el honor de la institución, deben ser preservados como un activo estratégico del Estado colombiano. Colombia no puede permitirse debilitar a su Ejército en momentos en que la seguridad nacional enfrenta múltiples desafíos. El respeto por la Fuerza Pública no es una concesión política, es un deber constitucional. Defender la institucionalidad
es defender la Nación.