El ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, lideró en Valledupar la Comisión de Garantías Electorales en el marco de la delegación presidencial establecida mediante el Decreto 0203 del 4 de marzo de 2026, con el fin de evaluar las condiciones del proceso electoral en el departamento del Cesar y reiterar las alertas del Gobierno Nacional frente a posibles riesgos que puedan afectar la transparencia de las elecciones.

La reunión fue liderada por el ministro del Trabajo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, con la participación de la gobernadora del Cesar, como primera autoridad del
departamento, además de representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismos de control, autoridades civiles, militares y entidades territoriales.

Durante la sesión se revisaron las condiciones logísticas del proceso electoral, los riesgos identificados en el territorio y los mecanismos de coordinación institucional para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con plenas garantías democráticas y respeto por la voluntad popular.

El ministro Sanguino reiteró la importancia de fortalecer los controles sobre el proceso electoral, especialmente en lo relacionado con los sistemas tecnológicos utilizados para el preconteo, conteo y escrutinio de votos. “Hay que garantizar que el ejercicio de los testigos electorales y la vigilancia
del conteo y escrutinio de los votos cuenten con plenas garantías, para que todo el mundo esté vigilante y no se presenten irregularidades en el proceso electoral”.

En ese sentido, el Gobierno Nacional solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil informar de manera detallada sobre la disposición logística del proceso electoral en todo el departamento, incluyendo el funcionamiento de los puestos y mesas de votación, así como los avances en las auditorías a los software electorales.

“El Gobierno Nacional va a insistir en las auditorías a los software electorales para que no volvamos a encontrarnos con situaciones como las que ocurrieron en elecciones anteriores”, afirmó el ministro. Durante la Comisión de Garantías Electorales, el Gobierno Nacional reiteró que ha desplegado una estrategia para combatir los delitos electorales, especialmente la compra de votos y el traslado irregular de recursos destinados a influir en la decisión de los votantes.

Estas acciones incluyen operativos para incautar dinero en efectivo que pueda estar siendo utilizado para la compra de votos, así como medidas para investigar y judicializar a quienes participen en estas prácticas ilegales.

Adicionalmente, Sanguino Páez solicitó revisar las condiciones de movilidad de los ciudadanos durante la jornada electoral, con el fin de evitar que el transporte público sea capturado o controlado por estructuras políticas o campañas electorales que limiten el acceso libre de los ciudadanos a los puestos de votación.

Ante esta solicitud, la gobernadora del Cesar instruyó a la Secretaría de Tránsito departamental y a las secretarías de tránsito municipales garantizar el funcionamiento del transporte público durante la jornada electoral, de manera que los ciudadanos puedan movilizarse libremente para ejercer su derecho al voto.

El jefe de esta cartera también recordó que el Gobierno Nacional expidió la Circular Externa 0029, dirigida a empleadores del sector público y privado, mediante la cual se advierte que no puede existir ningún tipo de coacción electoral sobre los trabajadores.

La circular establece que ninguna entidad pública ni empresa privada puede interferir en las decisiones lectorales de sus trabajadores ni impedirles acudir a las urnas, reiterando que el derecho al voto es un derecho fundamental.

“El derecho al voto es un derecho fundamental y los empleadores deben garantizar las condiciones para que las y los trabajadores puedan ejercerlo libremente”. Desde este Ministerio se hace un llamado a la ciudadanía del Cesar para denunciar cualquier irregularidad que pueda presentarse durante el proceso electoral.

“Desde el Gobierno Nacional invitamos a toda la ciudadanía cesarense a que cualquier irregularidad que detecte en el proceso electoral, como compra de votos, traslado de dineros de dudosa procedencia o cualquier tipo de obstrucción para que los ciudadanos acudan a las urnas, lo ponga en
conocimiento de los canales establecidos por el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia o las autoridades de Policía y militares, para actuar de inmediato en coordinación con la Fiscalía General de la Nación”, señaló el Ministro del Trabajo.

El Gobierno Nacional reiteró además que se mantienen recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información verificable que permita desarticular estructuras dedicadas a la corrupción electoral.

“Este proceso electoral es una prueba de fuego para la fortaleza de nuestro sistema electoral y de nuestra democracia”, concluyó el Ministerio.