Funcionarios de la alcaldía de bahía solano que se habrían apropiado ilícitamente de recursos del municipio fueron judicializados.

Las irregularidades detectadas a través de transferencias realizadas desde las cuentas de la
Alcaldía de Bahía Solano (Chocó), permitieron identificar a dos funcionarios y una particular
que se habrían apropiado de recursos del municipio por más de 370 millones de pesos.

Se trata del jefe de Presupuesto de la alcaldía, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; el secretario
de Hacienda del municipio, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y la particular Sonia Rodríguez
Palacios, quienes habrían participado en la actividad ilícita entre 2024 y 2025.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Asprilla Abadía y Viñuela Jaramillo, al
parecer, se contactaron con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano, para que
les facilitará la cuenta de la compañía sin autorización de la gerencia.

Los funcionarios presuntamente pactaron con este empleado el envío de 119.800.000 pesos
de las cuentas del municipio para que fueran girados a través de un cheque a Sonia
Rodríguez, quien lo habría cobrado el 18 de julio de 2025, y posteriormente los transfirió a
personas allegadas a los funcionarios.

La investigación liderada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó da
cuenta de que esta mujer no contaba con ningún vínculo contractual, como contratista o
proveedora de la empresa que sustentara el giro del cheque.

Los análisis adelantados establecieron que, al parecer, se realizaron otras consignaciones por
132.966.998 y 121.799.136 de pesos entre enero de 2024 y diciembre de 2025 desde cuentas
de la Alcaldía de Bahía Solano a varios particulares cercanos a los funcionarios, que no tenían
ningún vínculo laboral con la administración municipal.

Por todo lo anterior, fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por
los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados y por disposición judicial deberán cumplir
medida de aseguramiento en lugar de domicilio.

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