Impotencia. Es lo que siento cada vez que veo en las noticias sobre desastres ambientales. Lo que más preocupa es que cada vez son más frecuentes y al gobierno pareciera importarle poco o nada: Quemas que arrasan con miles de hectáreas de bosque nativo, tala masiva de árboles en zonas de reserva ambiental y escasez de agua, son los problemas más recurrentes en un país que paradójicamente, cuenta con una de las variedades de fauna y flora de mayor diversidad en el mundo.

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado en el Amazonas, es una de las reservas ecológicas más grandes del país, que ha sido objeto de una deforestación preocupante de más 3.000 hectáreas de bosque nativo, lo que equivale a 4.200 canchas de fútbol, según los últimos informes del gobierno nacional. La problemática no es nueva, pues la deforestación para la obtención de madera ilegal lleva varias décadas en el país, pero al ser un negocio que no deja ganancias millonarias, cada vez se talan más hectáreas de bosques para obtener un mínimo de ingresos.

Precisamente este mes, Las Fuerzas Militares, La Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, realizaron un operativo en Chiribiquete donde capturaron a 13 personas que se dedicaban a la tala ilegal de árboles dentro de la reserva nacional. En el proceso, el Ministro de Ambiente, Carlos Correa, se comprometió con la restauración de al menos 2.500 hectáreas en este territorio, un trabajo arduo pero necesario que podría durar cerca de 20 años, para dejar tan solo las bases de lo que alguna vez fue un próspero bosque amazónico. Tendremos que estar pendientes a la ejecución de este proyecto, para que no se quede en promesas como ha pasado frecuentemente en esta administración.

Esta problemática se extiende a la mayoría de parques naturales del país, aunque es realmente alarmante en la Serranía de la Macarena, El Parque Nacional Tinigua y el Parque Natural La Paya, donde se requiere una intervención inmediata del Estado.

Otro fenómeno inmerso en la deforestación, son los cultivos ilícitos en el país, pues, aunque se reportó la erradicación voluntaria de al menos 43.711 hectáreas desde la firma del acuerdo de paz, el prestigioso medio británico Financial Times afirmó que actualmente “se produce más coca que en la época de Pablo Escobar”. No es una afirmación vacía, pues se basa en las cifras obtenidas por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, que reportó un aumento de 250% entre 2012 y 2017.

El actual programa de erradicación de cultivos ilícitos se muestra débil e ineficiente ante las estadísticas, pues no mejora y cada vez parece empeorar. Aunque el gobierno Duque, argumenta que es un problema que heredó de la administración anterior, no ha podido reducir el índice de

cultivos ilícitos en el país y en lugar sigue subiendo cada vez más. Esto lo llevó a tener problemas con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2020 iba a suspender la ayuda económica que históricamente este país le da a Colombia, teniendo como argumento el incremento sustancial en cultivos ilícitos de coca durante 2019.

Ante esto, el gobierno plantea como una de sus campañas insignia la reactivación del glifosato, un método que no rindió los frutos esperados y en cambio generó afectaciones importantes en el terreno y contaminación en los afluentes de agua cercanos. En relación, el grupo químico-farmacéutico Bayer reportó pérdida de 10.500 millones de euros, en indemnizaciones por glifosato durante el año 2020. Esto abrió la polémica en Alemania, donde ya se decretó la prohibición del glifosato en todo el país. Paradójicamente, en Colombia también se reactivó el debate, pero para debatir la reactivación de este agente químico.

Las estrategias que ha llevado este gobierno contra el narcotráfico, solo ha extendido el problema en todo el país, sobre todo en la zona del pacifico, donde la inseguridad ha aumentado a tal punto que nos lleve a recordar la época oscura donde los carteles de Cali y Medellín, eran quienes tenían el poder. Los grupos ilegales, se han desplazado a zonas alejadas del país, donde el gobierno nunca llega, arrasando con miles de hectáreas para disponer del terreno a su antojo.

Aunque las consecuencias económicas y sociales, son las más evidentes a corto plazo, ambientalmente se tendrá una catástrofe en menos de 10 años. Si los grupos armados siguen expandiendo las hectáreas de cultivos ilícito, continuando con la deforestación de bosques, en poco tiempo se altera de forma realmente alarmante, el equilibrio natural. Tal vez a muchos no les importe esto, pero a estas personas quiero informarles, que esto afecta directamente en la generación de agua dulce.

Si se reducen los bosques en Colombia, se afecta directamente en la generación de lluvias, un fenómeno que ya estamos viviendo, temporadas con sequías prolongadas y temporadas de invierno muy fuertes. No hay que rebuscar mucho la laguna de Suesca vive la extinción de uno de los cuerpos de agua más importantes en Cundinamarca, y dependen de una temporada de lluvias generosa para evitar que se seque este cuerpo natural.

Junto a la minería ilegal, la deforestación de miles de árboles llevará a Colombia a tener una crisis de agua en pocos años, sin embargo, al gobierno pareciera que le vale poco, y prefiere centrar sus intenciones en tener todo un show por el escaso proceso de vacunación que apenas inició, la amenaza sin sentido de derrocar a Nicolás Maduro y la deslegitimación del proceso de paz con las FARC. Las grandes promesas de campaña “menos impuestos y más trabajo”, al igual que devolver al país un estatus de seguridad, parecen una antítesis del país que tenemos hoy, ahora que debemos esperar de la parte ambiental en donde una de sus grandes promesas fue la negativa de explotar Santurbán, sin embargo, autorizó unos pilotos de Fracking a pocos kilómetros de esta reserva natural. Considero que es un tema que debería tener una agenda pública mucho más importante, y debería ser de interés público de todos, pues al fin y al cabo ¿Qué podríamos hacer si no tenemos agua?